El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó la propuesta del PSN-PSOE de interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 27/2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, por entender que menoscaba las competencias de Navarra en Administración Local y vulnera la autonomía local, así como el principio democrático en el ámbito local. El acuerdo se adoptó con los únicos votos en contra de UPN y PPN.
La parlamentaria socialista Maite Esporrín (en la foto) afirmó en el hemiciclo que la reforma del Gobierno central es "mala para los ayuntamientos porque les quita competencias", al tiempo que "da competencias a las Comunidades Autónomas sin haber contado con ellas". "Esta ley no está justificada en ningún modo. Cercena la autonomía municipal y es tremendamente perjudicial para los ayuntamientos y para la prestación de servicios", añadió.
El recurso irá contra el artículo primero (por cuanto añade o modifica los artículos 7.3 y 4, 13, 24 bis.2, 25, 27, 36, 57, 85.2, 116 bis, 116 ter y disposición adicional decimosexta, todos ellos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), contra las disposiciones adicionales novena y decimoquinta y contra las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en cuanto “menoscaban las competencias de la Comunidad Foral de Navarra sobre Administración Local y vulneran la autonomía local, así como el principio democrático en el ámbito local”.
ARGUMENTOS SOCIALISTAS
El PSN-PSOE rechaza esta reforma porque el PP quita competencias a los ayuntamientos, retirándole determinados servicios mínimos obligatorios, muchos de los cuales pasarán a manos privadas a través de las Diputaciones.
En segundo lugar, introduce mecanismos de tutela, subordinación y control de los ayuntamientos a favor de las Diputaciones. De hecho, establece, por ejemplo, que las Diputaciones se quedarán con la capacidad de decidir y prestar o no –directa o indirectamente- los servicios públicos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, salvo que estos demuestren que pueden hacerlo a un coste menor que el que establezca la propia Diputación.
En tercer lugar, la ley del PP vulnera el principio democrático en el ámbito municipal, al establecer que, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcance en una primera votación la mayoría necesaria, para la adopción de acuerdos como la aprobación de los presupuestos, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar planes económico-financieros, planes de saneamiento o entrada en mecanismos extraordinarios de financiación.
RADICALMENTE INCONSTITUCIONAL
El PSN-PSOE se opone a que los ayuntamientos sean administraciones de segunda, dependiendo de otras como las diputaciones provinciales, que no pueden suplantar en ningún caso la tarea de aquellos. Además, esta ley vulnera el principio democrático en el ámbito local, pues desapodera al pleno y deja a la oposición sin capacidad de controlar, conocer y votar temas de importancia vital para la vida de un municipio.
En definitiva, la ley aprobada por el Gobierno del PP es una contrarreforma que significa un hachazo brutal a los ayuntamientos de nuestro país, cuyas nefastas consecuencias poco a poco se irán viendo e irán afectando muy directamente al conjunto de la ciudadanía.
