Juan Moscoso reitera en el Congreso el respaldo a todo el profesorado Navarro y pide a Interior que aclare el tema del informe del Modelo D

El diputado socialista por Navarra Juan Moscoso del Prado afirmó en el Congreso, en relación con el informe de la Guardia Civil sobre el modelo D de Navarra, que Alguien miente y alguien miente sobre algo muy grave, porque, como se ha dicho hoy, España, nuestro Estado, no es un Estado policial, y desde luego no se puede investigar a un colectivo de 1.600 profesores por ser miembros de un cuerpo de funcionarios”.


Tras señalar que “no se puede criminalizar a un colectivo de funcionarios, Juan Moscoso del Prado recordó que “no ha existido nunca ni un solo expediente a un solo profesor por adoctrinar a alumnos o por comportamientos que pudieran ser similares a los que este supuesto informe alude y desde luego es muy raro, muy extraño que surja justamente ahora este informe”.

El diputado socialista terminó su intervención haciendo suya la declaración aprobada por el Parlamento de Navarra a propuesta del PSN-PSOE, en la que esta máxima institución expresa su respaldo y reconocimiento “a todo el conjunto de la comunidad educativa de Navarra, con independencia del modelo lingüístico en el que enseñen”, al tiempo que rechaza el intento de criminalizar el modelo D y de cualquier otra pretensión de “instrumentalizar el sistema educativo con fines que no sean los propiamente educativos”.

A continuación se reproduce íntegramente la intervención del diputado socialista Juan Moscoso, ayer en el Congreso durante el debate sobre la existencia de un informe de la Guardia Civil sobre el modelo D de Navarra:



“Señor presidente, señorías, la Ley Foral del Vascuence se aprobó en el año 1986; una ley de un Gobierno socialista, que contó con los votos del Partido Socialista, los votos de la entonces Coalición Popular, la abstención de UPN, el voto en contra de Eusko Alkartasuna y la no comparecencia de los seis diputados de Herri Batasuna.

Fue una ley que marcaba el final de un periodo y que pretendía que mi generación fuera la última que había crecido y se había educado en Navarra sin tener la opción de poder estudiar jamás ni tan siquiera una hora de euskera, de vascuence o de vasco.

Era una ley complicada —no es el día hoy de debatir la ley— que protegía la lengua propia, garantizaba su uso y difusión; una ley que yo siempre he considerado patrimonio colectivo y que forma parte del patrimonio de los navarros, de los vascos y de muchos más ciudadanos del mundo. Desde entonces obviamente han pasado muchas cosas: UPN ha gobernado prácticamente en solitario desde el año 1991, veinticinco años, y la politización identitaria de mi tierra entre el nacionalismo vasco y el endemismo navarro del nacionalismo, el navarrismo, ha convertido el euskera, el vasco, de una lengua que es de todos en un instrumento que solo sirve —o ellos creen— para atacar.

Nosotros, los socialistas, construimos nuestras identidades de manera individual, cada uno se considera lo que cree, algo individual, privado y particular, mientras que otros creen en las identidades nacionales, que no son culturales, son el resultado de acuerdos políticos, de transacciones.

Así es que el euskera, el vasco, el vascuence, un patrimonio cultural de todos, ha sido patrimonializado por unos y ha sido también despreciado por otros en un enfrentamiento sin fin en la educación, en la cultura, en las concesiones de radios, donde hemos conocido últimamente auténticas cacicadas —no me importa decirlo—, en peleas y batallas sobre el mapa del tiempo, sobre si aparecen o no provincias, sobre cómo se dice una cosa o la otra, incluso sobre peleas entre olentzero —al que yo siempre fui—, Papá Noel y los Reyes Magos. Todo esto es esa horrible batalla identitaria en la que yo desde luego no creo.

Así llegamos al informe misterioso que en Navarra ha causado indignación y preocupación, porque el ministerio ha negado por escrito y oralmente su existencia. Sin embargo, el Gobierno de Navarra lo tiene, y así lo han reconocido la presidenta del Gobierno, el vicepresidente y el consejero de Educación, y ha aparecido publicado en varios rotativos e incluso ha aparecido publicada una foto del mismo. De manera que ¿quién miente?

Alguien miente y alguien miente sobre algo muy grave, porque, como se ha dicho hoy, España, nuestro Estado, no es un Estado policial, y desde luego no se puede investigar a un colectivo de 1.600 profesores por ser miembros de un cuerpo de funcionarios.

No se puede criminalizar a un cuerpo de funcionarios, y así lo ha dicho el Parlamento de Navarra, más aún cuando desde el año 1991 ha gobernado UPN. No ha existido nunca ni un solo expediente a un solo profesor por adoctrinar a alumnos o por comportamientos que pudieran ser similares a los que este supuesto informe alude y desde luego es muy raro, muy extraño que surja justamente ahora este informe.

Este es un informe —yo quiero creer al Gobierno de Navarra— que alguien ha hecho y que con la escasa credibilidad que tiene Interior, debe aclarar para tranquilizar a la opinión pública.

Por eso quiero terminar recordando las palabras de la declaración aprobada por el Parlamento de Navarra. En primer lugar, el respaldo y el reconocimiento a todo el conjunto de la comunidad educativa de Navarra, con independencia del modelo lingüístico en el que enseñen. En segundo lugar, el rechazo al intento de criminalizar el modelo D. En tercer lugar, y es importante porque no aparece en la moción de don Sabino Cuadra, el rechazo firme también a cualquier intento de instrumentalizar el sistema educativo con fines que no sean los propiamente educativos. Hubiese sido interesante incluir esa frase que también aprobó el Parlamento de Navarra en la declaración.

A ver si es verdad y entre todos conseguimos normalizar también el uso de ese tesoro común, que es el euskera, en Navarra."