El Grupo Parlamentario del PSN-PSOE ha presentado en la Cámara foral una moción para que el Gobierno presente un recurso en el Tribunal Constitucional contra la reforma local aprobada en diciembre pasado por el Gobierno del PP.
El PSOE, partidos de la oposición y más de 3.500 ayuntamientos de toda España, que representen en torno a 15 millones de habitantes, han acordado sumar sus fuerzas para pedir al Tribunal Constitucional que paralice y anule la reforma local aprobada el pasado 27 de diciembre, a golpe de mayoría absoluta del PP.
Por lo que respecta a Navarra, el Parlamento foral tiene potestad para abordar la reforma de su mapa local, en el ejercicio de sus propias competencias.
El PSOE rechaza esta reforma porque el PP quita competencias a los ayuntamientos, retirándole determinados servicios mínimos obligatorios, muchos de los cuales pasarán a manos privadas a través de las Diputaciones.
En segundo lugar, introduce mecanismos de tutela, subordinación y control de los ayuntamientos a favor de las Diputaciones. De hecho, establece, por ejemplo, que las Diputaciones se quedarán con la capacidad de decidir y prestar o no –directa o indirectamente- los servicios públicos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, salvo que estos demuestren que pueden hacerlo a un coste menor que el que establezca la propia Diputación.
En tercer lugar, la ley del PP vulnera el principio democrático en el ámbito municipal, al establecer que, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcance en una primera votación la mayoría necesaria, para la adopción de acuerdos como la aprobación de los presupuestos, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar planes económico-financieros, planes de saneamiento o entrada en mecanismos extraordinarios de financiación.
Esta es una medida radicalmente inconstitucional.
Los socialistas estamos totalmente en contra de que los ayuntamientos sean administraciones de segunda, dependiendo de otras como las diputaciones provinciales, que no pueden suplantar en ningún caso la tarea de aquellos. Además, esta ley vulnera el principio democrático en el ámbito local, pues desapodera al pleno y deja a la oposición sin capacidad de controlar, conocer y votar temas de importancia vital para la vida de un municipio.
En definitiva, la ley aprobada por el Gobierno del PP es una contrarreforma que significa un hachazo brutal a los ayuntamientos de nuestro país, cuyas nefastas consecuencias poco a poco se irán viendo e irán afectando muy directamente al conjunto de la ciudadanía.
