La proposición de ley foral tiene por objeto "recuperar, reconocer y rehabilitar la memoria histórica" de los represaliados a partir de los hechos que dieron lugar a la implantación de la dictadura, a través de una serie de actuaciones a desarrollar en colaboración con ayuntamientos, entidades académicas y asociaciones de familiares de fusilados y de memoria histórica.
Entre las medidas de reconocimiento "público permanente" que deberá impulsar el Gobierno de Navarra se incluyen la celebración anual de un acto institucional dedicado a la memoria de los presos encarcelados en el Penal del Fuerte San Cristóbal o la inauguración del Parque de la Memoria de Sartaguda, al que se otorga el máximo nivel de protección, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley.
Asimismo, se deberán instalar en el plazo de tres meses sendas placas bilingües en la fachada de Diputación y en el Atrio del Parlamento, con la relación de los funcionarios, personal y cargos electos asesinados como consecuencia de la sublevación militar.
La ley aprobada establece que la Administración deberá asumir la tarea de búsqueda, así como la elaboración de un censo "riguroso" de desaparecidos, de modo que se "garantice a las familias el derecho a conocer dónde están sus allegados, dado que hay más de mil asesinados en paradero desconocido".
La elaboración de dicho inventario, constituido en registro administrativo de carácter público, correrá a cargo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Navarra. De cara a facilitar una investigación administrativa lo más "rigurosa y transparente" posible, se advierte de que cualquier persona que descubra restos susceptibles de pertenecer a desaparecidos durante la guerra civil o la dictadura debe comunicarlo "inmediatamente" a la Administración foral.
La norma, que recoge el protocolo de exhumaciones y el acuerdo suscrito con el Ministerio de Justicia, apuesta por mantener y, en su caso, "actualizar" el mapa de fosas de Navarra, para lo cual la Administración "dispondrá la correspondiente partida en los Presupuestos Generales".
Roberto Jiménez, ha dicho que la aprobación de esta ley supone "un hito muy relevante en defensa de la memoria histórica" y ha señalado que miembros de UGT y del Partido Socialista "fueron quienes más sufrieron el azote" en 1936. "La memoria de las víctimas, su reconocimiento y dignificación, representa un deber moral", ha indicado.
Jiménez ha dicho que "la ley es justa y necesaria y supone un paso adelante, pero desgraciadamente no va a obtener el consenso necesario, porque ha habido formaciones que no han tenido interés en que haya consenso, no ha habido el suficiente grado de flexibilidad".
La ley sale aprobada con los votos a favor de todos los grupos políticos salvo los del UPN y el PP.
