NO a la Contrareforma del Mapa Local


Si se aprueba la Ley, el PSN-PSOE planteará su derogación si lidera el Gobierno a partir de mayo

El Secretario de Organización del PSN-PSOE, Ramón Alzórriz, afirma que la reforma del Mapa Local, tal y como la plantean el Gobierno y sus socios es una cesión a Bildu que traerá consecuencias muy negativas para los Ayuntamientos, a los que se les quitan competencias y, por tanto autonomía y capacidad de gestión. Una reforma política, dice, que no va a suponer una mejora de los servicios públicos, incluso puede empeorarlos, y que deja en el aire cuestiones fundamentales como las competencias que tendrán las comarcas o la financiación. Por eso, dice, si la Ley del Mapa Local se aprueba mañana y los socialistas lideramos el próximo Gobierno de Navarra, propondremos la derogación de la ley para que no se materialice semejante atrocidad política.

Apunta que estamos ante una contrarreforma política, que supone una involución y conllevará un contrapoder al Gobierno y que, siendo de tal calado, no se ha hecho con un consenso amplio. Además, se ha excluido a los partidos que más poder municipal tienen. Algo ilógico cuando se pretende hacer un cambio estructural de esta dimensión. Por tanto, señala, queda muy claro que estamos ante un engaño masivo de Bildu para seguir avanzando en su proyecto político de construcción nacional. Porque, además avanza en la euskaldunización de la Administración. La Presidenta Barkos debe saber que así no se gobierna.

Además, señala Alzórriz, se está mintiendo a los trabajadores y trabajadoras porque no se les garantiza su empleo, pero también queda en el aire lo que pasará con los Secretarios e Interventores, que tienen un papel fundamental en la gestión municipal del día a día.

Afirma también que no se han atendido las aportaciones de la Federación Navarra de Municipios y Concejos porque solo se ha aceptado una de las ocho enmiendas propuestas. Y que hay dudas incluso de que esta ley pueda ser constitucional.

Señala que la izquierda debería estar en la defensa de la calidad de los servicios públicos y el empleo de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que debería tener en cuenta a la hora de posicionarse ante la Ley.